Izquierda Unida de
Laredo, tras esperar una semana, recopilar información y valorar
todas las posibilidades, tiene muy claro que esta nulidad del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene un sólo responsable y no
es otro que el gobierno regional.
Todos los Laredanos
tienen que conocer que la nulidad del PGOU por el TS se debe,
única y exclusivamente, a la falta del informe preceptivo de
telecomunicaciones.
Este plan general
fue votado en pleno municipal a finales del mandato del PP. Todos los
concejales del PP, menos uno que se ausentó, los concejales de IPDL
y dos no adscritos votaron favorablemente al plan. Los concejales del
PSOE y del PRC y nuestro único concejal votaron en contra del
PGOU. Con posterioridad, el documento votado en el pleno tiene
que ser visado por la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU) que es el órgano encargado de la
aprobación de dicho plan. Si en ese momento se detectó la falta de
algún documento, los encargados de solicitar dicha documentación
son ellos y sólo ellos.
Por desgracia, no
fue así, y la CROTU aprobó definitivamente el PGOU sin este
informe de telecomunicaciones, y lo más preocupante, es que no
existe un motivo racional o lógico que explique esta decisión del
máximo órgano regional con competencias en urbanismo.
En resumen, la
postura de Izquierda Unida de Laredo es clara y firme, el máximo y
único responsable es el gobierno regional y desde IU Laredo queremos
depurar responsabilidades, por lo que exigimos hacer una
reclamación de responsabilidad patrimonial por la nulidad del PGOU
2015 de Laredo, conforme sentencia del TS.
Exigimos al equipo
de gobierno de Laredo que ponga todo su empeño en realizar dicha
reclamación y animamos a los grupos de la corporación pejina a que
entre todos reclamemos responsabilidad patrimonial al gobierno
regional de Cantabria por esta incomprensible chapuza, y, al menos,
poder recuperar lo gastado por el pueblo de Laredo, que es la no
despreciable cifra de unos 700.000€.
Tenemos algún
ejemplo cercano como el ayuntamiento de Santander, donde sí
reclamaron responsabilidad patrimonial, estamos convencidos que la
responsabilidad en esta nulidad corresponde exclusivamente al
gobierno regional.
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